- La condena debe ser firme.
- Con arreglo al Convenio de 1983, el resto de pena debe ser de al menos seis meses y el condenado debe consentir.
- En la Unión Europea, el consentimiento no siempre se exige, en particular cuando la persona reside en su país o es objeto de una medida de alejamiento.
- El cumplimiento de la pena se rige después por la ley del Estado de ejecución.
I. Los textos aplicables
El Convenio sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983 (STE n.º 112) vincula a Francia y a numerosos Estados, miembros o no del Consejo de Europa.
Entre Estados miembros de la Unión Europea, la Decisión Marco 2008/909/JAI de 27 de noviembre de 2008 se aplica en Francia mediante los artículos 728-10 y siguientes del Código de Procedimiento Penal francés.
Francia también está vinculada por convenios bilaterales. Cuando existe un acuerdo bilateral, los Estados pueden aplicarlo en lugar del Convenio de 1983 (artículo 22 del Convenio).
II. Los requisitos con arreglo al Convenio de 1983
El traslado exige que (artículo 3 del Convenio):
- el condenado sea nacional del Estado de ejecución;
- la sentencia sea firme;
- la duración de la pena que quede por cumplir sea de al menos seis meses en la fecha de recepción de la solicitud, o indeterminada;
- el condenado consienta el traslado;
- los hechos constituyan también delito en el Estado de ejecución;
- ambos Estados estén de acuerdo.
En casos excepcionales, los Estados pueden convenir un traslado aunque el resto de pena sea inferior a seis meses.
El traslado no es un derecho: cada Estado es libre de aceptarlo o de denegarlo.
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III. Los requisitos en la Unión Europea
Una condena firme dictada en Francia puede transmitirse a otro Estado miembro en tres casos (artículo 728-11 del Código de Procedimiento Penal):
- la persona es nacional de ese Estado y tiene en él su residencia habitual;
- es nacional de ese Estado y es objeto de una medida de alejamiento hacia él, aplicable en el momento de su excarcelación;
- en los demás casos, la persona y el Estado de ejecución lo consienten.
En los dos primeros casos no se requiere el consentimiento del condenado. No obstante, el fiscal (procureur de la République) recaba sus observaciones (artículo 728-17).
El fiscal solo transmite la condena si ha adquirido la certeza de que el cumplimiento en el otro Estado facilitará la reinserción social del interesado (artículo 728-15).
IV. El procedimiento
Con arreglo al Convenio de 1983, el condenado puede expresar su deseo de ser trasladado al Estado de condena o al Estado de ejecución. Las solicitudes se intercambian entre ministerios de Justicia (artículos 2 y 5 del Convenio).
El consentimiento debe prestarse voluntariamente y con pleno conocimiento de sus consecuencias. El Estado de ejecución puede hacerlo verificar por un cónsul (artículo 7).
En la Unión Europea, la transmisión corresponde al fiscal ante el tribunal que dictó la condena. Puede actuar de oficio, a petición del Estado de ejecución o a petición del condenado (artículo 728-15).
El condenado puede impugnar ante el presidente de la sala de aplicación de penas (chambre de l’application des peines) del tribunal de apelación la transmisión de oficio, la negativa a transmitir o la retirada del certificado. Este recurso tiene efecto suspensivo (artículo 728-22-1).
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V. Los efectos y los plazos
El Estado de ejecución continúa el cumplimiento de la pena o la convierte según su propia ley, sin poder agravarla (artículos 9 a 11 del Convenio; artículo 728-18 del Código de Procedimiento Penal).
La privación de libertad ya cumplida se descuenta de la pena que queda por cumplir. Las normas de libertad anticipada o condicional son las del Estado de ejecución.
En la Unión Europea, una vez aceptada la condena por el Estado de ejecución, el traslado se efectúa a más tardar treinta días después de esa decisión, salvo circunstancias imprevistas (artículo 728-23).
Cuando Francia es el Estado de ejecución, la decisión sobre el reconocimiento debe en principio adoptarse en los noventa días siguientes a la recepción del expediente (artículo 728-54).
Para todos los Estados miembros, el artículo 12, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/909/JAI fija el mismo plazo: salvo motivo de aplazamiento, la resolución definitiva sobre el reconocimiento se dicta en los noventa días siguientes a la recepción de la sentencia y del certificado. En casos excepcionales, el Estado de ejecución que no pueda respetar ese plazo informa sin demora al Estado de emisión, indicando los motivos del retraso y el tiempo que estima necesario (artículo 12, apartado 3).
Fuera de la Unión Europea, el Convenio no fija ningún plazo vinculante.
Preguntas frecuentes
¿Puede solicitarse un traslado antes de la sentencia de apelación?
No. La condena debe ser firme, es decir, deben haberse agotado los recursos o haber vencido sus plazos.
¿Será más larga la pena en mi país?
No. El Estado de ejecución puede adaptar la pena a su legislación, pero no puede agravarla por su naturaleza ni por su duración.
¿Puede imponerse el traslado sin mi consentimiento?
Con arreglo al Convenio de 1983, no. En la Unión Europea, sí en ciertos casos, en particular si la persona reside en su país de nacionalidad o va a ser alejada a él en el momento de su excarcelación.
Fuentes
Traducción de la página francesa, única versión que da fe. Leer la versión francesa ↗︎